El Poder Judicial resolvió que se mantenga "vigente" el mandato de prisión preventiva que se le impuso al expresidente Pedro Castillo como parte de la investigación preparatoria que se le sigue a raíz de los casos acumulados de Petroperú, Puente Tarata y Ministerio de Vivienda.
El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley adoptó esta medida al declarar "infundada" la revisión de oficio de la prisión preventiva que le fuera impuesta al exmandatario dentro de esta investigación preparatoria que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal agravada, colusión simple y tráfico de influencias agravado en perjuicio del Estado peruano.
Mediante una resolución emitida el último 16 de octubre, a la que tuvo acceso RPP, el magistrado determinó que aún subsisten los presupuestos materiales que legitimaron la medida coercitiva de prisión preventiva impuesta al exjefe de Estado, así como la prolongación de la misma por el plazo de 12 meses, por lo que es jurídicamente viable y proporcional continuar con dicha medida a fin de garantizar la continuidad del proceso y la eficacia de una eventual decisión jurisdiccional en este proceso penal.
Checkley Soria también precisó que, en el transcurso de la investigación, la Fiscalía obtuvo mayor información que abonaría a la sospecha fuerte inicial que justificó la medida, como son las pericias que develarían una dimensión subjetiva y estructural con múltiples niveles de intervención, escenarios fácticos diversos y necesidad de coherencia en los criterios de imputación, lo que necesariamente incidiría en la coordinación interinstitucional y la evaluación integral de los hechos.
El ultimo 27 de febrero, el juez supremo provisional Edhin Campos Barranzuela dispuso que se prolongue por 12 meses adicionales el mandato de prisión preventiva que se le impuso al exmandatario, en marzo del 2023, a raíz de este proceso penal, decisión que fue confirmada, el 1 de junio último, por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema.
El 4 de diciembre del 2025, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al exmandatario a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión al hallarlo responsable del delito de conspiración para rebelión a raíz de su fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
